España, el país de la UE donde se tarda más en registrar un fitosanitario

• “Hemos llegado a tener plazos de 5 y 6 años para registrar un producto”, lamenta el Director General de AEPLA, quien subraya que “cada año llega una nueva plaga”

• El sector exige crear una Agencia única de Evaluación de Fitosanitarios que recorte la burocracia

• La agricultura española pierde competitividad al acceder con retraso a las últimas tecnologías para la protección de cultivos

• Se requieren casi diez años para conseguir un formulado -proceso de investigación y desarrollo- y llevarlo al mercado

Cada vez llegan más plagas a los campos españoles y cada vez se cuenta con menos principios activos para la creación de fitosanitarios. Este hecho no supondría un gran problema para los agricultores de no ser por las trabas burocráticas existentes en España para la aprobación de nuevos y competentes tratamientos.

Y es que el acceso a estas innovadoras medicinas para las plantas, fruto de las últimas tecnologías centradas en el respeto medioambiental y de la salud, se ve restringido por el largo proceso desde la creación del formulado hasta la aprobación de su registro.

Así lo explica el Director General de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), Carlos Palomar, en una entrevista en el programa Agro5 de Radio 5-RNE, en la que señala que se requieren casi diez años para conseguir un formulado -proceso de investigación y desarrollo- y llevarlo al mercado.

“Están cambiando, pero hemos llegado a tener plazos de 5 y 6 años para registrar un producto. Esto quiere decir que el mismo producto, presentada su solicitud en Italia o en Grecia, tardaba un año y en España tardaba cinco años. Son cuatro años que suponen una desventaja competitiva para los agricultores españoles porque estamos hablando de nuevos tratamientos, de un sector que se basa en la investigación, y los nuevos productos son los que consiguen la fórmula mágica de controlar un insecto, una plaga, una enfermedad, sin afectar a los insectos que están cerca, ni a la persona que lo aplica...”, señala Palomar. “Dejar todo eso cuatro años en un cajón esperando a que alguien lo revise desincentiva la inversión y la innovación aquí”, añade.

Ente único para evaluar la seguridad de los productos

Es por ello que, tanto agricultores, distribuidores como fabricantes de fitosanitarios (UPA, AEPLA, IBMA, FEPEX, ASAJA y COOPERATIVAS-AGROALIMENTARIAS) se han unido para exigir la creación de una Agencia de Evaluación Única de Productos Fitosanitarios que recorte la burocracia que ralentiza todo el procedimiento.

“Es algo que ya funciona en otros países. Se trata de tener una agencia única cuya misión sea evaluar la seguridad de estos productos y de su uso. Los principios activos se aprueban en Europa y luego el producto -cómo esté formulado- se aprueba en cada país. Pero comprobar que respeta la seguridad del consumidor, del trabajador y el medio ambiente significa complejidad, burocracia, mucho tiempo y nos encontramos con que España se ha convertido en el país en que se tarda más en registrar una medicina contra las plantas”, explica Palomar.

Por tanto, contar con un ente que simplifique todo esto “no sólo beneficia a la industria, sino también a los agricultores; porque tener una caja de herramientas para enfrentarse a las plagas presentes y las que nos vienen -cada año llega una nueva- les permite ser competitivos y mantener el sector agrícola como uno de los puntales económicos y de la exportación en España”.

De 1.000 principios activos a 300

En un contexto en el que a los cultivos se les exige ser cada vez más productivos, el perfil de los productos fitosanitarios está cambiando para ser “más específicos, más precisos y menos persistentes”  respetando el medio ambiente e integrándose en los ecosistemas agrícolas. “Si en 1993 contábamos con unos mil principios activos para la creación de tratamientos fitosanitarios, ahora existen alrededor de 300. O sea, que se han eliminado muchos y los que nos quedan son los que hay que proteger y hay que desarrollar suficientemente”.

Tras recordar que la Gestión Integrada de Plagas (GIP) es obligatoria en Europa desde enero de 2014, Palomar califica a España como pionera en esta nueva política, pues “sectores como los hortícolas, los frutícolas o los citrícolas ya llevan años de experiencia, y esa experiencia es la que se ha extrapolado a otros cultivos”.

SEIPASA, por delante en innovación

En este sentido, SEIPASA siempre ha ido por delante de la legislación y desde sus inicios se ha volcado en la investigación y desarrollo de tratamientos naturales que combinen eficacia y rentabilidad con el respeto medioambiental y la salud alimentaria, aspectos éstos cada vez más regulados por las normativas europeas, pero también requeridos, y con mayor exhaustividad, por las propias cadenas de distribución. De ahí que cuente con antelación con productos totalmente adaptados a los requerimientos legales que van surgiendo en el sector.

Es por ello que SEIPASA se sitúa a la bandera de la innovación, habiendo logrado eficientes tratamientos para la agricultura con únicos y estudiados formulados, libres de residuos y compatibles con la Gestión Integrada de Plagas. Así lo avala la concesión del sello Pyme Innovadora por parte del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), convirtiéndose en una de las primeras firmas del sector que lo ha logrado.

Escuchar la entrevista completa en Agro5 de RNE (del minuto 14 al 20): http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SAGRO55/mp3/9/1/1453720064319.mp3